La videovigilancia inteligente se extiende a las estaciones de recarga de vehículos eléctricos
La expansión de los coches eléctricos está transformando las carreteras españolas, pero también está generando nuevos desafíos de seguridad. Los robos de cables, los actos vandálicos y los daños en los cargadores empiezan a preocupar a los operadores de estas instalaciones, especialmente cuando se encuentran en zonas aisladas y funcionan sin personal durante las 24 horas. Para proteger este tipo de infraestructuras críticas, hoy existen empresas que ofrecen un software de seguridad electrónica capaz de unificar analítica de vídeo con inteligencia artificial, detección de intrusiones y control de accesos en una sola plataforma, facilitando una intervención rápida antes de que los daños sean mayores.
Más de 58.000 puntos de recarga en España
La movilidad eléctrica continúa pisando el acelerador y las cifras confirman la expansión de las infraestructuras necesarias para sostenerla. España alcanzó los 58.075 puntos de recarga públicos operativos al cierre del tercer trimestre de 2026, después de incorporar 1.393 nuevas instalaciones durante los últimos tres meses.
Sin embargo, cuando profundizamos en los datos, descubrimos que la expansión también tiene sus luces y sombras. Otros 17.965 puntos estaban instalados, pero permanecían fuera de servicio, lo que representa el 23,6% de la infraestructura total. Entre los motivos encontramos averías, problemas técnicos y retrasos en las conexiones a la red eléctrica, por lo que no todos estos casos pueden relacionarse con actos vandálicos.
Aun así, los robos de cableado representan un problema real. En abril de 2026, una investigación policial permitió detener al presunto responsable de sustraer cableado eléctrico subterráneo de una estación de recarga en Torquemada, Palencia. El material robado y los desperfectos ocasionados alcanzaron un valor conjunto de 40.000 euros.
Cámaras que detectan situaciones sospechosas
La videovigilancia inteligente está modificando este planteamiento gracias a la combinación de cámaras, analítica de vídeo e inteligencia artificial. Ahora, determinados equipos pueden detectar movimientos en zonas restringidas, identificar la presencia de personas en espacios técnicos o generar avisos cuando se producen situaciones previamente definidas como anómalas.
Pensemos en una estación situada junto a una autovía. Mientras unos conductores utilizan los cargadores, una persona se acerca a la parte posterior de un armario eléctrico, fuera de la zona habilitada para los usuarios. Una cámara con analítica correctamente configurada puede reconocer esa presencia y enviar una notificación al centro de supervisión.
La diferencia es considerable, porque ya no hace falta revisar continuamente decenas de pantallas para descubrir un movimiento fuera de lo habitual. El sistema puede señalar el acontecimiento relevante y facilitar que un operador compruebe qué está ocurriendo.
La inteligencia artificial entra en acción antes de que aparezcan los daños
Las posibilidades de estas soluciones van bastante más allá de instalar cámaras capaces de reconocer movimientos. El siguiente paso consiste en conectar la videovigilancia con las plataformas que administran los propios cargadores, de manera que la información visual y los datos operativos puedan trabajar conjuntamente.
Imaginemos que un conductor termina de cargar su vehículo y abandona la estación. En una instalación compatible, la plataforma puede identificar que la sesión ha finalizado y modificar las condiciones de vigilancia de esa plaza. Si posteriormente detecta una manipulación en una zona protegida, el sistema podría generar una alerta para que los responsables investiguen lo sucedido.
Y también puede ocurrir lo contrario. Cuando una persona está utilizando correctamente el cargador, la información de una sesión activa puede ayudar a interpretar determinados movimientos como parte de una operación habitual, reduciendo así las notificaciones innecesarias.
Una red de recarga que también necesita estar protegida
La instalación de cámaras en las estaciones de recarga también plantea obligaciones legales. En España, estos sistemas deben cumplir el Reglamento General de Protección de Datos y la normativa nacional de videovigilancia.
Esto implica informar mediante carteles visibles, limitar las grabaciones a las zonas necesarias y evitar captar espacios públicos ajenos a la instalación, salvo en los supuestos excepcionales permitidos.
Además, las imágenes obtenidas con fines de seguridad deben suprimirse, como regla general, en un plazo máximo de un mes, con las excepciones previstas cuando sea necesario conservar pruebas de determinados incidentes.
La incorporación de inteligencia artificial tampoco elimina estas exigencias. Los operadores tienen que valorar qué información necesitan realmente y garantizar que las plataformas utilizadas protejan los datos personales.
Habrá que ver hasta qué punto estas tecnologías consiguen extenderse por las carreteras españolas, pero el camino empieza a quedar definido. La seguridad inteligente puede convertirse en una herramienta importante para reducir los riesgos operativos y mejorar la fiabilidad de una infraestructura que será cada vez más necesaria.
