La ruina de la Hacienda Ibarburu llega a la Fiscalía tras la inacción de las administraciones
La Asociación "Salvemos la Hacienda Ibarburu y el Patrimonio de Dos Hermanas" ha dado un paso decisivo en la vía penal para proteger la Hacienda Ibarburu, enclave catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento mediante el Decreto 259/2002, de 15 de octubre. Tras formular denuncias administrativas y policiales a mediados de agosto de 2026, el colectivo ha elevado una nueva denuncia ante la Fiscalía General del Estado para investigar responsabilidades penales derivadas del abandono, los derrumbes y el vertido de escombros sobre sus paramentos.
El escrito presentado el 27 de agosto va dirigido al fiscal de sala contra los delitos relativos a la Ordenación del Territorio y la Protección del Patrimonio Histórico, del Medio Ambiente e Incendios Forestales. En el documento se expone que la hacienda no sólo sufre vertidos ilegales, sino un proceso continuado de expolio, vandalismo, incendios y colapsos que las administraciones no han frenado a pesar de conocer los riesgos desde hace al menos ocho años. La Fiscalía ya ha dado traslado de la denuncia a la Fiscalía de Dos Hermanas.
Antecedentes de abandono, expolio y colapsos
La Hacienda Ibarburu, ejemplo destacado de la arquitectura rural sevillana y andaluza, cuenta con protección oficial desde 1983, cuando se incoó expediente como monumento. Pese a estar inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, el edificio quedó sin vigilancia efectiva desde 2017, sufriendo graves expolios. Esto motivó su inclusión el 29 de julio de 2021 en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra, señalando que aproximadamente el 70% de las techumbres de madera y teja se han desprendido. La situación se agravó en marzo de 2026 con un nuevo derrumbe en las cubiertas del señorío, cayendo sobre la alberca y la fuente de las cabezas.
Conocimiento institucional previo (2015-2018)
La denuncia ante la Fiscalía remarca que las administraciones conocían la emergencia del BIC. Según la Queja 17/5199 del Defensor del Pueblo Andaluz (febrero de 2018), el Ayuntamiento de Dos Hermanas manifestó en marzo de 2015 la absoluta necesidad de consolidar el edificio, pidiendo ayuda internacional. En enero de 2018, la Delegación Territorial de Cultura denunció ante la Policía Nacional admitiendo que los hechos "pudieran ser constitutivos de delitos de expolio y destrucción". Pese a ello, la inacción ha permitido el empeoramiento del monumento.
En agosto de 2026, una flota de camiones comenzó a realizar descargas de tierras y residuos de construcción (RCD) en el entorno protegido, acumulándose y compactándose directamente contra los muros históricos. Esto genera un riesgo inminente de colapso mecánico por presión lateral sobre estructuras debilitadas y sepulta los accesos, impidiendo la entrada de bomberos (SEIS) ante incendios.
Más denuncias ante Ayuntamiento, Junta y el Seprona
La denuncia a la Fiscalía no es la única. Desde la asociación se enviaron escritos previos a distintas administraciones implicados directamente en el deber de conservación de la Hacienda y ante la Guardia Civil:
- Ayuntamiento de Dos Hermanas (17 de agosto): Exigió la intervención de la Policía Local y Urbanismo para identificar camiones, paralizar descargas y ejecutar la retirada subsidiaria para despejar accesos a bomberos.
- Delegación Territorial de Cultura (17 de agosto): Solicitó una visita de la Inspección de Patrimonio bajo la Ley 4/2026 de Patrimonio Cultural de Andalucía, pidiendo sanciones y retirada bajo supervisión arqueológica.
- Seprona de la Guardia Civil (19 de agosto): Denunció posibles delitos contra el patrimonio y medio ambiente, pidiendo paralización cautelar y atestado para el Juzgado de Guardia.
Solicitudes a la Fiscalía General del Estado
La denuncia a la Fiscalía solicita diligencias de investigación por posibles delitos bajo los artículos 321, 323 y 324 del Código Penal y vulneración del deber de conservación (Art. 46 CE, Ley 16/1985 y Ley 14/2007). Se pide recabar expedientes desde 2015 a la Junta y al Ayuntamiento, identificar a los propietarios del inmueble, ordenar una inspección técnica especializada e investigar la autoría de los vertidos de 2026.
La Asociación "Salvemos la Hacienda Ibarburu", que ha aportado documentación fotográfica de la afección junto a sus denuncias, insiste en que las administraciones responsables deben ejercer con firmeza sus potestades de disciplina urbanística, tutela patrimonial y capacidad sancionadora para frenar este atropello.
